El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, informó que al 7 de diciembre de 2025 el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) registró 172 altas de deudores alimentarios morosos, mientras que únicamente tres personas lograron cambiar su estatus a no morosos.

El titular del Poder Judicial señaló que estas cifras evidencian la necesidad de reforzar la aplicación de consecuencias legales para quienes incumplen con el pago de la pensión alimenticia, al tratarse de una obligación que impacta directamente en el bienestar de niñas y niños.

“El número de los que se regularizan es muy bajo y por eso tenemos que ponerle dientes al RNOA y tenemos que ponerle consecuencias”, expresó Guerra Urbiola, al subrayar que el incumplimiento de estas obligaciones afecta a los sectores más vulnerables.

Explicó que el marco legal vigente ya contempla restricciones para las personas inscritas en el registro, como la imposibilidad de realizar determinados trámites administrativos, entre ellos la expedición de pasaporte, así como limitaciones para acceder a cargos públicos.

Como parte de las medidas internas, el magistrado presidente informó que el Consejo de la Judicatura acordó que todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial deberán presentar su certificado de no adeudo alimentario al momento de realizar su declaración patrimonial.

“No podemos tener a nadie trabajando en un poder judicial y ser deudor alimentario”, sostuvo, al indicar que esta disposición busca que la institución sea ejemplo en el cumplimiento de la ley y en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Guerra Urbiola recordó que el RNOA es un requisito para diversos trámites y procesos, incluidos los relacionados con cargos de elección popular, por lo que quienes aspiren a competir en procesos electorales deberán acreditar no estar inscritos en el registro.

“Si la ley marca que no se podrá ser candidato a ningún cargo de elección popular si no se exhibe el RNOA, pues no se puede registrar”, afirmó.

En otro tema, el magistrado presidente señaló que los casos de violencia familiar han mostrado un incremento desde 2020, fenómeno que ha transitado del ámbito familiar al penal tras la tipificación de conductas como la violencia psicológica, física y emocional.

“Esto representa un reto interinstitucional y nosotros tenemos que responder con justicia, con perspectiva de género, hacia las mujeres, niñas y niños”, indicó.

Finalmente, advirtió que la materia familiar se encuentra rebasada, al detallar que cada jueza o juez familiar atiende en promedio alrededor de dos mil 500 asuntos, lo que genera una alta carga de trabajo. En este contexto, reiteró la necesidad de crear una nueva sala familiar y avanzar en la digitalización y el uso de tecnología para ofrecer una atención más ágil a la ciudadanía.