El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia, anuló la reforma de 2019 que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de delitos fiscales como la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos.

La reforma que pedía prisión preventiva oficiosa, para estos delitos, fue impulsada en el 2019 por el partido MORENA, en su momento fue aprobada bajo los argumentos de calificar los delitos fiscales como una "amenaza a la seguridad nacional", e incluirlos en régimen penal especial de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO).

Tras el fallo de la Corte, que tuvo mayorías de ocho y nueve votos en diversos apartados, la Fiscalía General de la República tendrá que justificar en todos los casos ante los jueces, la necesidad de mantener en prisión a los acusados por estos cargos mientras son sentenciados, sin importar el monto.

Desde que la Corte discutió este asunto por primera vez, en octubre de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los Ministros por buscar favorecer a delincuentes de cuello blanco.

Según datos de la FGR, sólo doce personas están en prisión preventiva por estos delitos.