El senador Agustín Dorantes Lámbarri, del Partido Acción Nacional (PAN), informó sobre el arranque de la colecta de firmas para respaldar una iniciativa que pretende establecer en la Ley General de Salud el derecho al reembolso de medicamentos adquiridos por pacientes cuando no estén disponibles en los sistemas públicos de salud.
El legislador explicó que esta propuesta responde a una problemática constante en el IMSS y el ISSSTE, donde la falta de abasto de medicinas obliga a los pacientes a comprarlas en el sector privado, sin que exista un mecanismo ágil para recuperar el gasto.
"Buscamos que se contemple el reembolso de recursos por la compra de medicamentos que no tengan los sistemas del IMSS o del ISSSTE”, señaló el senador queretano.
Dorantes Lámbarri recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió una jurisprudencia que permite exigir el reembolso, aunque consideró necesario incluir esta disposición de manera explícita en la ley para agilizar y garantizar el proceso.
"Existe una jurisprudencia de la Suprema Corte para que estas dependencias reembolsen el costo de los medicamentos comprados por fuera, pero es necesario que se plasme en la ley General de Salud, para garantizar facilidades y tiempos más cortos para este procedimiento”, explicó.
El legislador detalló que el objetivo es reunir al menos 140 mil firmas de respaldo ciudadano, que serán recabadas a través de la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el sitio web www.leyreembolso.mx.
Dorantes también cuestionó las declaraciones del director del IMSS, Zoé Robledo, quien afirmó recientemente que el instituto “vive su mejor momento”, al señalar que los recursos asignados al sector salud siguen siendo insuficientes.
"Las declaraciones del director del IMSS no coinciden con la realidad que vive el país, pues la Federación destinará solo el 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto para 2026”, advirtió.
Finalmente, el senador expresó que la iniciativa busca garantizar el acceso efectivo a los tratamientos médicos y proteger el derecho a la salud de millones de derechohabientes que actualmente enfrentan desabasto de medicamentos en los servicios públicos.