El mundo del futbol mexicano se vio sacudido por la noticia de que Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes Santos Laguna y Atlas, ha sido declarado prófugo de la justicia mexicana. Esta determinación se tomó luego de que el directivo no se presentara a una audiencia judicial clave el pasado 24 de marzo en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, relacionada con una acusación de defraudación fiscal que supera los 17 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República se encuentra en la búsqueda de Irarragorri desde la fecha en que debía comparecer presencialmente ante el juez de control. Días previos, el empresario había participado en la audiencia por videoconferencia, modalidad que el juez consideró improcedente, ordenando su presencia física. Su ausencia derivó en la declaración oficial de estar “evadido de la justicia”.
El origen de este caso se remonta a investigaciones sobre prácticas fiscales irregulares detectadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2017, periodo bajo la administración de Irarragorri. Se acusa al Club Santos de implementar estrategias para evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), entre estas maniobras, se señala el pago de salarios a jugadores y cuerpo técnico bajo la figura de "primas de riesgo de trabajo", buscando así evitar impuestos y deducir hasta 97.6 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Adicionalmente, se detectaron pagos injustificados a proveedores y la deducción indebida de sanciones disciplinarias impuestas por la Federación Mexicana de Futbol. La Procuraduría Fiscal de la Federación denunció específicamente que, entre enero y julio de 2017, el club omitió enterar al fisco más de 17 millones de pesos, lo que dio inicio a la carpeta de investigación y la posterior orden de aprehensión contra Irarragorri.
Tras hacerse público su estatus legal, el Club Santos Laguna emitió un comunicado rechazando la judicialización del caso; argumentaron que se trata de una diferencia de interpretación fiscal que debería resolverse por la vía administrativa. Asimismo, aseguraron que Irarragorri no fue notificado debidamente sobre la nueva audiencia presencial y que su ausencia no debería haber resultado en medidas cautelares.
La defensa del directivo ya ha interpuesto una demanda de amparo, alegando que la orden de captura fue emitida sin respetar los procedimientos legales correspondientes, de manera extraoficial, se ha informado que Alejandro Irarragorri reside actualmente en Gijón, España, donde también es propietario del Sporting de Gijón, equipo de la Segunda División española.
La trayectoria de Irarragorri con Santos Laguna se inició en 2006, cuando él y su equipo asumieron la Vicepresidencia Deportiva de Grupo Modelo, en un momento crítico para el club que se encontraba al borde del descenso. Desde su llegada, Santos Laguna ha cosechado cuatro títulos de liga (2008, 2012, 2015 y 2018).
Actualmente, Irarragorri preside el Consejo de Administración de Orlegi, un conglomerado que incluye a Santos Laguna, el Territorio Santos Modelo, el Estadio Corona, el Atlas FC, el Real Sporting de Gijón y otras empresas. La situación legal de uno de los directivos más influyentes del fútbol mexicano ha generado una gran expectación y pone en tela de juicio las prácticas administrativas en el deporte nacional, el desarrollo de este caso será crucial para determinar el futuro de Irarragorri y podría tener repercusiones significativas en los clubes que dirige.
Más allá de la acusación individual por presunto fraude fiscal, se presenta como un síntoma preocupante de una problemática más profunda que permea el fútbol mexicano. Las palabras del informante sugieren que esta situación podría ser tan solo la punta de un iceberg de corrupción arraigada en la gestión del deporte nacional. La priorización del negocio por encima del aspecto deportivo, la presencia de patrocinios con cuestionables antecedentes y la persistencia de secretos a voces sobre manejos irregulares, apuntan a una realidad donde la imagen del fútbol y del país se ven comprometidas.
La comparación con el caso de Emilio Azcárraga subraya la existencia de patrones históricos en la administración del futbol mexicano, si bien el espectáculo y el entretenimiento han servido como un velo para encubrir estas prácticas, existe una creciente preocupación de que esta situación esté frenando el desarrollo tanto de la liga local como de la selección nacional. La advertencia final sobre el eventual colapso de este "circo" corrupto plantea un futuro incierto para el fútbol mexicano, donde la transparencia y la integridad en la gestión se antojan como necesidades urgentes para su verdadero avance.