Estancias Infantiles deberán recibir recursos federales: Diputada

A partir de este jueves todos los jueces del país deberán resolver a favor de las personas de estancias infantiles que presentaron amparo en contra de los recortes y reglas de operación de las estancias infantiles, aseguró la diputada federal del PAN, Ana Paola López Birlain

Lo anterior ya que se logró jurisprudencia para que las estancias infantiles sigan en operación bajo el mismo esquema y reglas de operación del 2018, con lo cual se cancela la forma que instruyó el actual gobierno federal que consistió en eliminar el apoyo para las estancias, aseguró.

La jurisprudencia obliga al Gobierno Federal a otorgar los apoyos correspondientes conforme a los lineamientos de 2018.

"Gracias al trabajo de los legisladores del GPPAN por todo el país, fue posible alcanzar la jurisprudencia nacional en el tema de las estancias infantiles, con lo que se establece que sigan en operación bajo el mismo esquema y reglas de operación del 2018 y se cancele al nuevo programa instituido por el actual Gobierno Federal”, dijo.

Con esta medida, 329 mil niños, así́ como 10 mil estancias a nivel nacional se verán beneficiados y volverán a recibir los recursos necesarios para seguir operando.

"Es importante reconocer el trabajo del Poder Judicial, que demostró́ su independencia del Poder Ejecutivo en este caso y atendió́ los intereses de la sociedad y la justicia," resaltó la diputada federal Ana Paola López Birlain.

Lo anterior fue promovido en conjunto por la diputada local Beatriz Marmolejo y la diputada federal Ana Paola López Birlain, que presentaron una demanda de amparo colectiva a favor de 82 estancias de las 152 del estado.

En su momento la resolución del juez a favor de las estancias, incluyó a la totalidad de los niños inscritos en el programa hasta el 2018, aun cuando su estancia no hubiera presentado demanda de amparo.

A nivel nacional, se presentaron más de 4 mil amparos, de los cuales 511 tienen suspensión definitiva. A estas acciones promovidas por Acción Nacional se sumaron los esfuerzos de otros partidos y de la sociedad civil, lo cual representa un gran logro para la democracia en México.

En caso de que el Gobierno Federal no cumpla con esta sentencia, entraría en desacato, lo cual ya está́ ocurriendo en algunos casos, pues los jueces directamente han denunciado ante el Ministerio Público a quien resulte responsable. Los funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar que incumplan podrían tener sanciones económicas, destitución o cárcel.

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