ABUSAR DE LA CONFIANZA

Tuvieron tiempo y vaya que lo aprovecharon. Todo el sistema financiero del país se creó a su imagen y semejanza: opaco, corrupto, con vasos comunicantes a todos los lugares que les resultaba útil para desviar el presupuesto público y beneficiarse del mismo. Y aunque el tema no es nuevo, nada se había hecho porque existen obvios beneficiarios de tal modo de hacer las cosas.

Para no contaminar la discusión actual, recurrir a documentos anteriores que ya daban una visión independiente del problema, resulta conveniente.

En este caso nos remitimos al estudio: Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público. Investigadora principal: Sarahí Salvatierra. Colaboradores: Paulina Castaño, Oscar Arredondo, Justine Dupuy y Javier Garduño. 2018 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. http://fundar.org.mx/

Desde antes, pero en particular ese año del 2018, las advertencias y dudas sobre el financiamiento, constitución, efectividad, legalidad y transparencia de esa figura de los fideicomisos, estaban en boga aunque con poca cobertura mediática.

«Éste es el caso de los fideicomisos públicos que, al ser una figura perteneciente al ámbito privado que pasó a formar parte de la administración pública, se ha ido configurando a partir de mecanismos complejos que los gobiernos en turno han aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, sin ninguna consecuencia. Esto en sí mismo es inaceptable pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente.» Así lo plantea desde la introducción la Directora Ejecutiva de Fundar Haydeé Pérez Garrido.

¿De qué tamaño es el problema?

«La dimensión del problema acerca de los fideicomisos se entiende mucho mejor si revisamos los montos que actualmente concentran los 374 fideicomisos públicos existentes a nivel federal. Estamos hablando de 835,477 millones de pesos (mdp), que representan el 15.8% de todo el presupuesto público para 2018, es decir, más de 20 veces el presupuesto autorizado para llevar a cabo el proceso de reconstrucción después de los sismos del año pasado. […] en los últimos años se ha aprobado un aumento significativo y consistente de estos recursos y, sobre todo, porque lo que se ejerce sobrepasa por mucho lo aprobado. Por ejemplo, en 2016, de los 214, 135 millones de pesos ejercicios, sólo 65, 867 millones de pesos se habían aprobado; es decir, se ejerció un monto de tres veces superior al estipulado, sin que esté disponible ninguna explicación o justificación sobre de la racionalidad detrás de estas decisiones. […] Los escándalos de corrupción están a la orden del día y la sociedad mexicana está harta, cansada e indignada. En los últimos años, la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas ha ido en franco aumento. Basta con abrir el periódico o ver las redes sociales para darse cuenta de cómo miles de millones de pesos dejan de invertirse en las necesidades más apremiantes de la población y pasan a las manos de redes de corrupción en las que intervienen funcionarios y empresarios corruptos.»

No nos toca meternos en la legislación, confusa, complicada, a menudo contradictoria que permite la existencia de estos entes financieros, el estudio de Fundar ofrece una explicación detallada y bien fundamentada. Sí nos toca llamar la atención sobre algunas particularidades en el uso y abuso del financiamiento público, del que sale de nuestros impuestos y del pago de servicios, que debiera ser absolutamente transparente y eficiente. Repetimos que son cifras del 2018 o anteriores.

«Para diciembre de 2017, había casi 68,047 mdp de recursos públicos en 139 fideicomisos administrados por instituciones financieras privadas. Esto es particularmente grave pues implica que grandes cantidades de recursos públicos sean manejados por entes privados. […] las cinco instituciones de banca privada que fungen como fiduciarias en fideicomisos públicos donde se encuentra la mayor disponibilidad de recursos públicos son Santander, Banorte, BBVA Bancomer, Banamex y MIFEL cuya suma representa 65,545 mdp.»

Y eso que nos referimos apenas a los fideicomisos conformados desde la administración federal, pero los estados y municipios tienen los propios y sobre esos la opacidad es frecuentemente mayor.

Por ejemplo, en el «Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (sipot) de la Plataforma Nacional de Transparencia. para marzo de 2018 se observó lo siguiente:

El padrón actual de fideicomisos y fondos federales como sujetos obligados registrados en el sipot, asciende a 403. El número de fideicomisos y fondos creados en las entidades federativas e integrados al padrón de sujetos obligados del sipot es de al menos 300, entre los que destacan: Jalisco, con la incorporación de 48 fideicomisos. Puebla, con la incorporación de 32 fideicomisos. Nuevo León, con el registro de 34. Y Chiapas, con el registro de 32. Siete entidades federativas aún no han incorporado ningún fideicomiso dentro del padrón de sujetos obligados en el sistema (Hasta marzo de 2018, última fecha en que se consultó el sipot, ni Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa ni Tabasco habían incorporado ningún fideicomiso como sujeto obligado.)»

Para ejemplificar el problema, se analizan los casos de tres fideicomisos específicos, uno de ellos pudiera justificar algo de reserva en la información que a final de cuentas resulta infundada, es: «El Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene fines muy importantes, como obtener recursos e incrementarlos para implementar las medidas de prevención y protección urgente para salvaguardar la vida, la libertad y la seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión y promueven la garantía de derechos humanos. […] Independientemente de que se trate de un fideicomiso cuya total apertura esté restringida, al menos la información sobre la ejecución de recursos, como el detalle del concepto de gastos, la identidad de los proveedores de la medidas de protección, la forma de contratación y las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, debería ser clara y de fácil acceso, en particular para los beneficiarios del Mecanismo y para las organizaciones que defienden a este sector, ya que esto les permitiría tener certeza de la eficacia del instrumento y del grado de seguridad que brinda el Mecanismo. En caso de incumplimiento, para que cuenten con los elementos para denunciarlo y exigir mejoras.»

No vaya a resultar después, que ignorábamos que las empresas contratadas para garantizar la protección de esas figuras indispensables en una democracia, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, queden a merced de los mismos que atentan contra su seguridad, su trabajo y su vida, y además se les pague por ello.

Quizás “extinguir” esos fideicomisos resulte drástico para algunos, pero querer entrar al detalle de su funcionamiento era prácticamente imposible, muchos ni siquiera generan o resguardan la información suficiente para hacerlo, están diseñados como agujeros negros donde el financiamiento público simplemente desaparece.

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