REFORMA PERDIDA

Era julio del 2012, otra vez unas elecciones cuestionadas dejaban una presidencia debilitada y con la urgente necesidad de legitimarse. Por el lado del PRD apareció, desde antes del resultado final electoral, la propuesta del gobierno de coalición, una parte de esa izquierda partidista pretendía pactar un programa de gobierno donde, negociando, se encontraran puntos en común aprovechando la debilidad del nuevo gobierno federal; pero otra parte, los llamados “chuchos” —la corriente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, que antes formaban el PST de Rafael Aguilar Talamantes— se trepan en la propuesta para proponer ese pacto político a conveniencia de su grupo, dejando de lado, como siempre lo hicieron, los intereses de la parte del electorado que supuestamente representaban. Por el lado del PRI y el PAN no hubo mayor problema, el primero ya había renunciado a sus principios y programa para adoptar al pragmático neoliberalismo, y el segundo, como ariete de las minorías privilegiadas encabezadas por esos “bárbaros del norte” que lo tomaran por asalto desde el fin del siglo pasado, han tenido más similitudes recientes que diferencias con el tricolor.

Uno de los engendros producto de ese llamado Pacto por México, fue la regresiva reforma educativa que, sin la participación del magisterio que hace su trabajo en el aula, en contacto directo con los niños y jóvenes, se impuso con la firma de los principales partidos políticos —los tres ya señalados y sus respectivos satélites—. 

Se pactaron cambios constitucionales que pusieron a los maestros contra la pared: su permanencia ya no dependería de los procesos de selección aplicados a su ingreso a la docencia —pactados entre las agrupaciones sindicales, señaladamente el SNTE, y los gobiernos federal y estatales—, o de su egreso de las instituciones especializadas en crear y actualizar los contenidos y la técnica pedagógica para provocar y desarrollar los aprendizajes necesarios de esos futuros ciudadanos mexicanos. De un día para otro perdieron sus derechos laborales, ahora sujetos a evaluaciones masivas, estandarizadas, aplicadas con criterios más punitivos que realmente pedagógicos cada cuatro años —todavía no sabemos, por ejemplo en el caso de media superior, en nuestro caso el COBAQ, cómo han permanecido docentes que nunca cursaron el Programa de Formación Docente en Educación Media Superior (PROFORDEMS), que nunca se certificaron (CERTIDEMS), que no aparecieron en las listas de los obligados a ser evaluados, y que siguen gozando de las horas frente a grupo que quieren y en los horarios y planteles que su capricho demanda—. O en el caso de los de nuevo ingreso, obligados a someterse a evaluaciones anuales por tres años consecutivos para seguir siendo considerados a ocupar alguna plaza eventual, de esas que no tienen prestaciones y que aparecen y desaparecen a la conveniencia de directivos sin experiencia, pero bien recomendados.

La reforma educativa del actual gobierno se queda en lo superficial, apenas cambia lo necesario para desactivar, en algo, las demandas magisteriales que provocaron la caída electoral de los gobiernos abiertamente corruptos y neoliberales de los últimos sexenios: se deroga el Servicio Profesional Docente para dar paso a una evaluación no punitiva para los que deseen ingresar al magisterio o quieran promoverse, pero se mantiene el régimen laboral de excepción para los maestros al considerarlos dentro del artículo tercero y por tanto fuera del 123, que es el que regula las condiciones de los trabajadores en general y donde están los derechos de huelga, el respeto a los contratos colectivos de trabajo y otros igual de importantes y que se complementan entre sí.

Heredado del trabajo fabril, de la producción de cosas que se venderán como mercancías de uso y deshecho, la calidad apareció en la reforma anterior y ahora es sustituida por otros igualmente descontextualizados, como los de excelencia y mejora continua, que sin tanta alharaca fueron parcialmente impuestos en el sexenio peñista y que demostraron que solo servían para incrementar el trabajo administrativo —casi todo aparecía perfecto en los documentos, pero la realidad se derrumbaba en el trabajo en el aula— y en la simulación a que son tan afectos nuestros funcionarios.

En la reforma actual, que no dejaría ni una coma de la anterior, permanece la visión empresarial de la educación que no considera las especificidades del trabajo docente ni las condiciones reales de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Se incorporan términos que carecen de novedad sin explicar cómo van a ser aplicados, se piensa que se cuenta con el beneplácito de los maestros cuando sabemos que, otra vez y pese a nuestra experiencia, fuimos marginados, lo que anuncia otro fracaso. A ver cuándo terminan de entender que sin la participación consciente y convencida de los docentes cualquier reforma está destinada a quedarse en el papel en que está impresa.

Desaparece un organismo autónomo, que nunca lo fue puesto que sus integrantes fueron designados por cuotas de los partidos firmantes del pacto ya mencionado, cuya característica indispensable era ser leales y disciplinados con quienes los nombraron, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que sigue utilizando su presupuesto para “defender” su existencia, lo que debería ser un delito, y oponerse frontalmente a la supuesta nueva reforma que le cambia el nombre y ya sin necesidad de enmascararse, quedar bajo la tutela de la SEP.

Hay puntos que no pueden quedar fuera de una reforma actual, como la asignación de plazas a los egresados de la normales públicas, que son las instituciones especializadas en formar docentes. Resulta ridículo que ni siquiera el gobierno federal, a través de la SEP, confíe en la formación que le da, y puede dar, a miles de maestros con las herramientas pedagógicas y de contenido, que los “profesionistas” con ingenierías y licenciaturas ignoran completamente, siendo ese factor importante en los pésimos resultados educativos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.

En fin, quizás sea demasiado pedir para un gobierno que apenas rebasa los 100 días, pero extraña que no haya utilizado su capital político, esos 30 millones de votos de inconformes y hartos con el estado actual del país, entre ellos los cientos de miles de profesores, para aprobar una verdadera reforma o siquiera dar los primeros pasos en esa dirección. Si bien es cierto que desmontar un régimen que corrompió a cuantos quisieron vender su dignidad es difícil y lleva tiempo, hay que aprovechar las oportunidades que se tienen a la mano y en el momento oportuno. 

Esta, la están perdiendo.

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