INTROMISIONES PERVERSAS

Si fuera puro chisme, puras ganas de fastidiar o burdos intentos de intimidación el tema no pasaría más allá de lo anecdótico, como una muestra más de un gobierno incapaz de articular una idea y crear su propia historia, que por tanto se desquita en venganzas estúpidas contra unas cuantas personas a quienes sus principales funcionarios les tienen animadversión.

Pero la ciber intromisión, cuando un gobierno, usando los recursos públicos producto de nuestros impuestos y el poder que supuestamente debe ejercer para beneficio de todos, comete en contra de ciudadanos que representan más de lo que son en lo individual, es muy grave.

Espiar a alguien tiene una clara intencionalidad, no por nada se pagan millones de dólares en la compra y uso de un programa —que sólo gobiernos pueden adquirir y con unos supuestos compromisos de darle uso legal—, que toma el control total de aparatos tecnológicos que sirven para comunicarse, para compartir datos, para seguir la ubicación, para escuchar y tomar fotografías. La intención es usar esa información robada ilegalmente con fines que no pueden ser tampoco legales, y menos éticamente justificables. Un programa como el Pegasus podría servir para detectar las actividades de la delincuencia organizada, para perseguir y castigar casos de corrupción política como los que vemos a diario en los medios de comunicación, pero no, porque en eso andan involucrados y sería atentar contra su modus vivendi.

El espionaje revelado por The New York Times trascendió nuestras fronteras y llegó en el momento más delicado, porque fuimos anfitriones de una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con carácter abiertamente injerencista —tan descarada que les reventó—, y deja al gobierno peñanietista en el ridículo junto con su delfín el canciller Videgaray. ¿Cómo promover un acuerdo exigiendo a otro gobierno que se comporte disque democráticamente, cuando aquí se hace fraude electoral, se espía a periodistas críticos, a defensores de los derechos humanos, a promotores de leyes anticorrupción? No se puede.

La misma OEA publicó el 31 de diciembre de 2013 una Relatoría especial para la libertad de expresión a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto completo está disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_internet_web.pdf

Entre otras cosas, el documento afirma que: «Tal y como fue observado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución “El derecho a la privacidad en la era digital”, adoptada por consenso, los Estados tienen la obligación de respetar y proteger el derecho a la privacidad de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en el contexto de las comunicaciones digitales. En efecto, como será desarrollado más adelante, las autoridades deben, de una parte, abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en la órbita del individuo, su información personal y sus comunicaciones y, de otra parte, deben garantizar que otros actores se abstengan de realizar tales conductas abusivas.»

Es decir, no solo no se vale el cinismo del “no hay pruebas”, debe existir la certeza absoluta de que las autoridades no lo hacen y también deben evitar que cualquiera lo pueda hacer. Para irnos despacito, el espionaje no solo afecta a personas concretas con un determinado perfil que vuelve injustificable dicha intromisión, ataca directamente a libertades y derechos importantes en una sociedad que aspira a funcionar democráticamente; es un ataque contra todos excepto los supuestos beneficiarios que abusan de su poder. La perversidad de un gobierno que espía a sus críticos, que persigue y obstaculiza la pluralidad, que pretextando interés en una supuesta “seguridad nacional” que solo sirve para tapar sus corruptelas, parece no tener límites, a menos que se los pongamos.

Seguimos con la relatoría: «La libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet que no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia. Se trata de una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en Internet en los términos del artículo 13 de la Convención Americana [...] una restricción a la libertad de expresión que pretenda justificarse en la defensa de la seguridad nacional no debe fundarse en una idea de seguridad nacional incompatible con una sociedad democrática. No tendría entonces una finalidad legítima un programa de vigilancia que, pese a invocar la defensa de la seguridad nacional, intercepte, capture o utilice información privada de disidentes, periodistas o defensores de derechos humanos con finalidades políticas o para evitar o comprometer sus investigaciones o denuncias.»

Parece quedar claro y con documentos signados por los mismos países que conforman la OEA, el espionaje no puede utilizarse para cometer o tapar corruptelas desde el gobierno, en los casos en que se pudiera intervenir a alguien a través de los dispositivos tecnológicos es cuando esos se emplean como parte de la actividad criminal, pero no puede admitirse que el poder del Estado vaya en contra de las libertades y los derechos humanos, de disentir, de proponer, de investigar, de denunciar, de informar.

«La libertad de pensamiento y expresión es la piedra angular de cualquier sociedad democrática.1 El sistema interamericano de derechos humanos, en particular, le da un alcance muy amplio: el artículo 13 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona a la libertad de expresión, y precisa que este derecho comprende, “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.2 El artículo 13 se aplica plenamente a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de Internet.3 El entorno en línea no solo ha facilitado que los ciudadanos se expresen libre y abiertamente, sino que también ofrece condiciones inmejorables para la innovación y el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación y a la libre asociación.4 Como lo ha sostenido la Asamblea General de la OEA, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son cruciales para el desarrollo político, económico, social y cultural, así como un factor esencial para la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la protección ambiental y para la prevención y mitigación de catástrofes naturales.»

Cada día queda más claro que tenemos un gobierno con fuertes aromas autoritarios y represivos, y el espionaje no es sino una muestra más de hasta dónde son capaces de llegar. Ha pasado más de un mes del asesinato de Javier Valdez y nada.

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