URGE PROTEGER PEÑA COLORADA

Considerada el pulmón más importante en la zona metropolitana de Querétaro y un esencial captador de aguas para los mantos freáticos, la reserva ecológica de Peña Colorada está en peligro de invasión por las ambiciones de algunos desarrolladores que poco a poco han logrado comprar terrenos en esta zona.

Peña Colorada tiene una extensión de 4mil 983.97 hectáreas entre los municipios de Querétaro y El Marqués, 80% de la cual pertenece a los 740 ejidatarios (800 familias) agrupados en nueve ejidos: tres de ellos del municipio de El Marqués y seis en el municipio de Querétaro. De la superficie total de Peña Colorada, 68.69% está en la capital y 31.31% en El Marqués.

En la administración estatal de José Calzada Rovirosa (2009-2015) se inició el proceso para proteger Peña Colorada, pero en agosto de 2015 gobierno del estado frenó dicha petición al gobierno federal bajo el argumento de “privilegiar la gobernabilidad y paz social ante el desacuerdo de los ejidatarios que poseen el 80% de Peña Colorada”.

 Luego de los estudios técnicos que permitieron definir la poligonal de Peña Colorada, su importancia ambiental y el ecosistema que alberga; el siguiente paso fue realizar la consulta ciudadana, donde se conoció el rechazo de los propietarios de esta reserva a la declaratoria de zona natural protegida. Esta situación se informó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que finalmente determinó suspender todo trabajo encaminado a declarar la protección de Peña Colorada.

De acuerdo con la ambientalista América Vizcaíno, se conocen supuestos tratos de compra venta de terrenos entre particulares, contratos que no aparecen en el registro agrario, por lo que no se pueden conocer oficialmente estas transacciones que podrían poner en peligro la reserva natural ante el interés de explotar la zona con algún tipo de desarrollo.

DECRETO ESTATAL

La abogada especialista en derecho ambiental Martha Patricia Vargas Salgado reconoció que el estudio que se realizó en la pasada administración estatal en Peña Colorada permitió tener un mapeo de quiénes son los que aparecen como propietarios, cuáles son los valores, los efectos ecosistémicos, la captación de agua en mantos acuíferos, la flora y fauna que alberga, con lo que se justifican los elementos suficientes para tener una declaratoria de reserva ecológica.

Para Vargas Salgado el gobierno del estado y los municipios de Querétaro y El Marqués tienen la facultad para decretar la protección de Peña Colorada, y de momento eso sería suficiente para frenar las intenciones de quienes quieren lucrar con la explotación de terrenos en esta reserva natural.

De acuerdo con la abogada ambiental, la Ley General de Equilibrio Ecológico es muy clara en este sentido, pues si bien define que existen áreas naturales protegidas de interés federal, estatal y municipal, la Ley Ambiental del Estado de Querétaro otorga la atribución al gobierno del estado de decretar áreas naturales protegidas.

De igual forma el reglamento de protección ambiental del Municipio de Querétaro otorga la atribución de decretar áreas naturales protegidas a la autoridad municipal. La facultad en términos legales existe tanto para el estado como para el municipio, y estas instancias son mucho menos burocráticas que el decreto a nivel federal.

“El gobierno del estado debería decretar la protección de Peña Colorada, ya se cuenta con el estudio, lo que tiene que hacerse es la consulta y todo el seguimiento y proceso jurídico que podría tardarse un año, año y medio aproximadamente, para que tenga un decreto estatal y verdaderamente haya un propósito específico y de los valores ambientales de esa área”.

 Vargas Salgado aclaró que si bien Peña Colorada ya está considera como área natural en los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento ecológico del estado y de los municipios, esto no es suficiente y se requiere un decreto que restrinja cualquier invasión o uso de suelo en reservas naturales.

“Existe ya una protección en el ordenamiento ecológico local y en el ordenamiento ecológico regional que corresponde al gobierno del estado; sin embargo, jurídicamente darle categoría de área natural protegida es darle un estatus particular y específico y la atención que requiere. Está bien que en los ordenamientos ecológicos se determine que debe cuidarse esta área pero no tiene la misma vinculación ni genera las mismas estrategias que si fuera decretada como área natural protegida”.

La ambientalista América Vizcaíno recordó que existe un presupuesto de entre 50 y 60 millones de pesos del Fondo Ambiental que puede ser destinado como “renta ambiental” para los ejidatarios propietarios de Peña Colorada, que serviría para que los ejidatarios conserven en condiciones esta área. La abogada ambiental Vargas Salgado añadió que el decreto de protección no significa expropiación, pues los ejidatarios continuarían como propietarios pero con uso de suelo específico.

“La administración de usos de suelo corresponde a los gobiernos; en una organización social el gobierno es quien define dónde se van a construir viviendas, dónde vialidades, dónde habrá agricultura, y distribuye los usos de suelo, es una facultad del gobierno definir que una zona es interés de todos los ciudadanos y por lo tanto debe ser protegida. Esto no quiere decir que se tendrían que expropiar esas tierras, seguirán en manos de sus propietarios, pero tendrán un uso específico que no es industrial, inmobiliario o comercial, que quizá es lo que algunos propietarios quisieran”.

“Incluso con el decreto hay ciertos riesgos, todos sabemos lo que pasó con el Cimatario, sin embargo el que suceda es mucho más difícil con un instrumento de protección de reserva ecológica” argumentó Vargas Salgado.  

DECRETO FEDERAL

En la semana y tras la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Francisco Domínguez anunció que existe el interés de la federación de dar marcha a la declaratoria de protección a Peña Colorada, por lo que en breve se iniciará contacto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Que sea lo más rápido para poder contar con una reserva real de Peña Colorada, el gobierno del estado no autorizará ningún tipo de desarrollo que pretenda construirse en dicha área”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, indicó que pese a no contar actualmente con la declaratoria federal, la zona de Peña Colorada cuenta con tres instrumentos legales de protección.

El primer instrumento legal que protege la zona es el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Municipal tanto de Querétaro como de El Marqués, en donde se asignó el uso de preservación ecológica; el segundo mecanismo es el Programa de Reglamento Ecológico Regional del Estado de Querétaro, así como los Programas de Ordenamiento Ecológico de los dos municipios.

“El decreto sería el cerrojazo, en candado final para este polígono de protección; gobierno del estado siempre ha mostrado su interés en el cumplimiento de la norma, de la ley, y en la sanción a aquellas personas que afecten el polígono de Peña Colorada”, aseguró el funcionario.

En el mismo sentido se expresaron las autoridades municipales de Querétaro y El Marqués, quienes revelaron que en el Plan de Ordenamiento Ecológico de cada demarcación se define la zona de Peña Colorada como una reserva natural que se debe proteger y donde no se autorizarán cambios de uso de suelo. Al menos es el compromiso de las actuales administraciones.

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