ACCESO AL AGUA, DERECHO HUMANO

Garantizar el acceso al agua potable se ha convertido en uno de los principales retos para las naciones de todo el mundo, y ante la escasez del vital líquido se han promovido acciones de cuidado y ahorro. A través de la resolución 64/292 el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. La observación Nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.

Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010

Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de 2002.

En Querétaro, y pese a las acciones del sexenio anterior (2009-2015) por lograr una cobertura universal de agua potable, aún existen muchas carencias en municipios y sus comunidades para que sus habitantes puedan acceder al agua. Donde la tienen, autoridades estatales y municipales han permitido que el servicio de suministro sea prestado por un particular, lo que condiciona el servicio y a la par genera importantes ganancias a la empresa que obtiene la concesión, como se lo reportamos en la edición 1028 de nuestro Semanario Magazine de Querétaro.

Después de que en el Congreso local el grupo parlamentario de Morena presentó su iniciativa constitucional sobre el derecho humano al agua, que busca prohibir la privatización del servicio y garantizar su acceso a todas las personas (edición 1027 “Agua para Todos”, de Magazine de Querétaro), se han dado a conocer más casos en varios municipios donde el agua está concesionada, o de comunidades que carecen del vital líquido.

La autora de la iniciativa es la diputada Laura Patricia Polo Herrera, quien debido al creciente número de casos de ciudadanos que se dicen afectados por la privatización del servicio, por cobros desmesurados, condicionamiento o nulo acceso al agua, anunció la organización de un foro el próximo viernes 23 de febrero a las 11 de la mañana en la sede del Congreso del Estado, donde recibirán y escucharán a los ciudadanos que enfrentan problemáticas como cobros indebidos o excesivos, mala calidad del agua e incluso la morosidad ante la Comisión Estatal de Aguas (CEA), con la finalidad de generar mesas de trabajo y acuerdos de solución. 

“Hemos platicado con ciudadanos que están padeciendo este problema y nos dicen que llega a ser hasta un cierto terrorismo, porque los dejan sin agua, hay gente que lleva dos años sin agua. Para nosotros es demasiado grave lo que está pasando, y estamos tratando de dimensionar el problema; de hecho, estamos invitando a las personas que tengan este tipo de problema a que se acerquen para entablar una mesa de negociación con la CEA, porque la CEA no está tratando de resolver, cuando hay una administradora la CEA se zafa y la administradora (empresa concesionaria) es dueña y señora de las tuberías, que han llegado a cortar, han llegado a clausurar completamente los micromedidores” explicó la legisladora.

La diputada expuso que existen casos plenamente identificados, como el de El Refugio y fraccionamientos aledaños (Hacienda Santa Rosa, Puerta Navarra, Valle de Santiago I y II, condominio Valladolid en La Loma IX); y las denuncias de “Agua para Maconí y sus 22 comunidades en Cadereyta, en donde se expone la necesidad de contar con agua potable y que a decir de los pobladores existe desabasto pese a la explotación del líquido en sus comunidades, algunas de ellas de alta y muy alta marginación”. 

Polo Herrera detalló que uno de tantos problemas que enfrentan los afectados es que las empresas privadas (administradoras y concesionarios) cobran tarifas sin fundamento jurídico que las respalde; si bien cuentan con un contrato entre el particular y la dependencia estatal (CEA), este no debiera de existir puesto que la CEA no necesita un intermediario para el cobro de sus servicios, y si así fuere, de acuerdo con el Código Urbano del Estado de Querétaro es la Comisión Estatal de Aguas el organismo responsable de suministrar el servicio y el único responsable de cobrar, a excepción del municipio de San Juan del Río, donde existe una Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Además, cada determinación para la participación de empresas particulares en la prestación de servicios públicos debería contar con un estudio de factibilidad previo, mismo que la legisladora dijo desconocer pues se ha encontrado con opacidad por parte de la CEA, quien no responde ante las problemáticas expuestas por los ciudadanos y se deslinda al afirmar que el conflicto es exclusivamente con el prestador del servicio. 

“Ahorita las concesionarias cobran lo que quieren, y como no todas las personas son de bajos recursos, son colonias nuevas con mucha plusvalía, ahí es donde cobran más. Y como mucha gente no se quiere meter en problemas, pues decide aguantar y pagar lo que les cobren, aunque sea un abuso” declaró.

De la misma forma, añadió la diputada, los ciudadanos han sido vulnerados en sus derechos humanos al ser víctimas de cortes arbitrarios y totales del servicio de agua potable por medio de la empresa privada, trasgrediendo la misma Constitución, criterios jurisdiccionales, internacionales e instrumentos normativos, ya que incluso la CEA no puede suspender totalmente el servicio de agua por ningún motivo.

Incluso, en algunos casos, particulares han retirado medidores y tubería de manera ilícita, lo que se configura como delito de robo y conductas que incluso ya se han denunciado ante la Fiscalía y que actualmente se encuentran en litigio en el Poder Judicial de la Federación, como el caso del ciudadano Bruno Morales, del condominio Viena en la capital del estado. 

Laura Patricia Polo adelantó que se entregará una carpeta con todos los casos identificados a cada uno de los legisladores y autoridades estatales y municipales responsables, para que puedan acudir al foro y participar en una posible solución, independientemente de la iniciativa de ley para reformar el articulo 3 de la Constitución Política del Estado de Querétaro. 

De aprobarse el proyecto de ley, según la diputada Polo Herrera, se cancelarían automáticamente todas las concesiones otorgadas a particulares para la prestación del servicio del agua, mismas que fueron otorgadas por intereses políticos, económicos e incluso familiares. 

“La iniciativa habla de un derecho humano, al aprobarse la iniciativa se vienen abajo todas las privatizaciones. Nosotros decimos que el estado es el responsable de otorgar los servicios a la gente, así como se preocuparon por la Ley de Movilidad, que fue rapidísima y donde pudieron aprobar el precio del pasaje rapidísimo, no se necesitó ni foros de consulta, ni que los diputados supiéramos bien, pero como aquí tienen mayoría quienes están metidos en los negocios pues entonces adelante, van y votan las iniciativas” argumentó.

Reportero:¿Hay interés en las concesiones del servicio de agua?

Diputada: Claro, económicos y políticos, y a veces familiares, nosotros hemos visto que las familias que son los constructores tienen a sus administradores, entonces es un negocio. 

Reportero: ¿Quién ha sido omiso como autoridad?

Diputada: La CEA, es la que debería estar otorgando el servicio y facilitar el pago. 

Según la legisladora, las concesiones otorgadas por las autoridades municipales son en principio ilegales, por lo que las empresas no podrían siquiera apelar al amparo para proteger su negocio. La privatización quedaría anulada. “El municipio no debe dar concesiones, la ley no lo permite, están actuando en contra de la Constitución general de la República, el único facultado para dar concesiones es la Comisión Nacional del Agua. Entonces, mientras están haciendo concesiones ilegales, están actuando fuera de la ley y, ¿cómo justificar eso? Nosotros vamos a hacer este primer foro para invitar a las autoridades y que también escuchen los problemas” apuntó.

Al foro se ha convocado al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Abedrop Rodríguez; a las autoridades municipales, diputados locales y ciudadanos afectados por la vulneración a su derecho humano de acceso al agua de manera sistemática y abusiva, tanto por parte de la CEA como de las empresas a quienes se les ha concesionado el servicio y cobro del agua potable, aprovechando la necesidad del agua para hacer grandes negocios al amparo de las autoridades, finalizó la diputada. 

La iniciativa fue presentada por la diputada Laura Polo el pasado 5 de noviembre, actualmente se encuentra en comisiones, y deberá —por ley— subirse al pleno para su votación a más tardar el 5 de marzo.

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